La salud mental que no entra en una cifra: Argentina se sienta a discutir lo que ya no puede postergar
Un relevamiento federal presentado en el Senado muestra que las internaciones subieron 42% entre 2023 y 2026 y las consultas ambulatorias, 23% en el último año. Hay más demanda, más camas, pero los equipos están al límite y la ley que rige desde 2010 quedó chica.
Son las diez de la mañana de un martes cualquiera y, en un pasillo del hospital, una médica pregunta al pasar si hay cama disponible en psiquiatría. La respuesta es la de siempre: no. Esa escena, multiplicada por miles en cada provincia, es la postal que dejó un informe federal presentado esta semana en el Senado y que reabrió, en términos concretos, el debate sobre la salud mental en la Argentina. Las internaciones por causas psiquiátricas subieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto extra del 12% en los últimos doce meses, y las consultas ambulatorias crecieron 23% en el último año. Los datos no vienen de una encuesta ni de una estimación: los aportaron las propias autoridades sanitarias de catorce provincias que, juntas, concentran más del 70% de la población del país.
El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reunió a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, con la participación además de Entre Ríos y Río Negro. Es, hasta ahora, la foto más completa que se tiene del sistema público frente a una demanda que no para de crecer, sobre todo entre niñas, niños y adolescentes, y entre personas que perdieron su obra social o su prepaga y recalaron en los hospitales públicos. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las atenciones en las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental.
Más camas, pero equipos al límite
Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país, y trece de las catorce provincias relevadas dijeron haber ampliado sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las propias autoridades provinciales reconocieron que toda esa capacidad está "sobreexigida" frente a una demanda que no cesa, y confesaron las dificultades para completar equipos con disciplinas críticas como psicología, psiquiatría y trabajo social. La inversión, el recurso humano y el acceso a medicamentos aparecieron, una y otra vez, como los puntos críticos.
- 388 nuevas camas de salud mental se incorporaron entre 2021 y 2026 en hospitales generales de todo el país.
- Treces de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día y equipos territoriales.
- En la provincia de Buenos Aires, 3 de cada 10 consultas en guardias ya son por problemas de salud mental.
- Las provincias pidieron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.
- Reclamaron además producir información epidemiológica nacional de calidad, hoy dispersa y poco comparable.
La ley de 2010, otra vez bajo la lupa
El informe llegó al Senado en pleno debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde hace casi quince años. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". El pedido, en todos los casos, fue el mismo: más recursos, más infraestructura y, sobre todo, una discusión federal que no se traduzca en un retroceso. Quedan las guardias llenas, las familias esperando un turno y, como telón de fondo, un país que tiene que decidir cómo cuida a los que cuida.
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