La Justicia procesó al exespía R.M. por lavado y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins —R.M., de 77 años— por lavado de activos y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La magistrada consideró acreditado, según consta en el expediente, que el exagente de la SIDE intervino en maniobras para reinsertar en el circuito económico formal fondos que tendrían origen en la explotación sexual de mujeres.

La causa se caratuló por lavado de activos (artículo 303 del Código Penal) y tuvo como hecho desencadenante una denuncia anónima radicada el 6 de marzo de 2013 ante el Ministerio de Seguridad. En esa presentación se advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

La discusión central: las fechas de las operaciones

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. El eje de su defensa fueron las fechas: las 26 operaciones que le atribuyen —compras de inmuebles y manejo de sociedades— corresponden a 2009, 2010, 2011 y 2012, todas anteriores al período que la Justicia tomó como firme para la explotación sexual, que va de enero de 2013 a octubre de 2014.

En su descargo, R.M. también sostuvo que el antecedente penal quedaba acotado al local de Juan B. Justo 5302. Respecto de otros nueve establecimientos mencionados en la investigación, afirmó que las acusaciones habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini rechazó esa línea argumental. Explicó que una sociedad constituida antes del hecho investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar activos de origen ilícito. Por lo tanto, concluyó que la fecha de creación de las firmas no alcanzaba, por sí sola, para descartar las maniobras imputadas.

El alcance del procesamiento

La resolución evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Según la jueza, Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

R.M. había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún. Ahora, con el procesamiento firme y la prisión preventiva dictada, la siguiente instancia procesal será la elevación a juicio oral, donde se discutirá la responsabilidad penal del acusado por las operaciones señaladas en el expediente.