Pandanés en el umbral del salvataje: 25 locales cerrados, 150 despidos y una planta ociosa de 1.778 metros cuadrados

La cadena de panaderías Pandanés, que llegó a operar 25 sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires y empleaba a 150 personas, cerró la totalidad de sus locales y desvinculó a su personal en medio de una crisis que la propia empresa describió como progresiva e irreversible. Ante el pedido de quiebra presentado por la compañía, el Juzgado Comercial N.º 15, a cargo del juez Pablo Frick, resolvió rechazar esa solicitud y ordenar la apertura de un procedimiento de salvataje regulado por el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Vamos a los números. La firma acumulaba un pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos al momento de su presentación en concurso preventivo, según consta en el expediente judicial. La cesación de pagos se remonta a octubre de 2025, de acuerdo con los registros de la causa, y desde entonces la situación patrimonial no encontró vuelta, según reconoció la propia concursada.

La caída del consumo constituye, de acuerdo con lo expuesto por la empresa en el expediente, el factor desencadenante de mayor peso. Pandanés sostuvo que su volumen de ventas retrocedió más del 50% respecto de su nivel histórico, una magnitud que torna inviable cualquier estructura de costos fija, por más eficiente que sea. En el mismo escrito, la compañía argumentó el sobredimensionamiento de su planta industrial y el encarecimiento de insumos clave, entre ellos la harina, afectada por la suba internacional del precio de los granos, además del aumento de servicios y salarios actualizados por paritarias.

Una planta pensada para 50 locales, sostenida con 25

La planta industrial de la firma, de 1.778 metros cuadrados, fue inaugurada en noviembre de 2022, en una etapa de expansión que preveía abastecer hasta 50 locales propios. Tras el cierre de sucursales, la capacidad instalada quedó muy por encima de la necesaria, mientras los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron sin variaciones significativas, configurando lo que la concursada calificó como un desajuste estructural.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

La empresa afirmó haber intentado, sin resultado, renegociar contratos de alquiler, sustituir proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco. Esas gestiones, según reconoció la propia concursada, no alcanzaron para revertir el cuadro general, lo que motivó la presentación concursal.

El camino judicial: salvataje antes que quiebra

El magistrado fundó su decisión en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, norma que prevé que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de disponer la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales del instituto. En ese marco, el juzgado habilitó un registro de cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas de trabajadores u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales.

En paralelo, la sindicatura detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y otros conceptos laborales del período previo al cierre, una observación que se incorporó al expediente y que podría derivar en sanciones específicas para los responsables de la administración societaria.

Mientras tanto, los 150 empleados desvinculados atraviesan una situación singular: fueron notificados del despido a través de mensajes de WhatsApp, no recibieron aún los telegramas de despido formales y, en varios casos, no pueden retirar sus pertenencias de los locales ya cerrados. Esa irregularidad administrativa se suma al cuadro general y configura un frente de conflicto laboral que se resolverá en otra sede judicial.

La comparación interanual que ilumina la crisis

La magnitud del ajuste puede dimensionarse si se compara con el mismo mes del año anterior: en octubre de 2024, la empresa operaba la totalidad de sus 25 sucursales con su plantilla completa; en octubre de 2025, según reconoce la propia concursada, ya había cesación de pagos. En apenas un año, la firma pasó de la operación plena al concurso preventivo, con el cierre total de locales y la desvinculación de la totalidad del personal.

El dato que hay que mirar el mes que viene es el resultado del registro de salvataje habilitado por el juzgado: la cantidad y la calidad de las propuestas que se presenten en el plazo de cinco días hábiles determinarán si la cadena encuentra un camino de reestructuración o si, en definitiva, la declaración de quiebra se torna inevitable.