Natalia Machado: el embargo que puede costarle una fortuna a los neuquinos

El caso parte de una sentencia de alimentos favorable a la madre, con actualización retroactiva de la cuota provisoria.

La ejecución cambia el escenario.

El padre no había sido informado por su abogado del vencimiento del plazo y, en ese contexto, la parte actora solicita embargo. La jueza de Familia Natalia Machado autoriza una medida transversal sobre cuentas bancarias.

La ejecución genera embargos superpuestos que retienen un monto muy superior al debido dentro del mismo proceso.

El embargo queda sobrecubierto.

Los fondos excedentes son retirados de la cuenta judicial por la madre, en una maniobra cuestionada judicialmente, mientras el embargo —ya completamente saldado— no es levantado.

A partir de ese punto, se produce una contradicción estructural: se ejecuta al padre para cobrar, pero se lo bloquea simultáneamente para generar ingresos.

Su actividad económica se paraliza, se producen despidos, y el daño se extiende a trabajadores, proveedores y a su familia, incluyendo su esposa y tres hijos menores.

Se pierde acceso a vivienda por la caída de un crédito hipotecario.

Durante meses no hay resolución.

El embargo —ya saldado— sigue vigente.

En paralelo, la hija en común declara no haber recibido dinero y pasa a vivir completamente con el padre.

Vive el 100% del tiempo con él.

El objetivo de la medida desaparece.

La medida continúa.

Meses después, la jueza Natalia Machado sostiene que el embargo no debe levantarse porque los bancos habrían devuelto fondos.

No hay evidencia documental de ello.

Y además, el argumento es técnicamente inviable, directamente fantasioso: los bancos no tienen forma de verificar el estado global de un embargo ni el destino de los fondos en una cuenta judicial. Esa verificación corresponde al juzgado. Aun más grave, no surge que se haya verificado la cuenta judicial, donde consta que el total de los fondos fue retirado por la madre, sin registro concreto de devolución alguna.

Pero incluso si eso fuera cierto, el punto central permanece:

el embargo ya estaba cubierto.

Y aun así, no se levantó.

El daño escaló hasta afectar el sistema financiero del padre por una deuda mínima generada por el propio embargo.

A un año, la situación no cambia.

Ahora el padre prepara una demanda contra el Estado.

Un embargo sostenido después de estar saldado no es solo un error.

Es una fuente de daño económico, familiar y social.

Y cuando ese daño deriva en una demanda contra el Estado, deja de ser un caso individual.

Se convierte en un costo que pueden terminar pagando todos los neuquinos.