Córdoba: la odisea cotidiana de conseguir un certificado, una prótesis o un turno de rehabilitación

Son las nueve de la mañana y en la mesa del comedor todavía están las tazas del desayuno. María, como prefiero llamarla para cuidar su nombre, acomoda una carpeta con recetas, comprobantes de pago y la carta de un especialista. Tiene el turno para la junta evaluadora del hospital en dos meses, pero la rehabilitación que su hijo necesita la empezó a pagar de su bolsillo hace casi dos años. “Mientras tanto, yo dejo de trabajar horas y él deja de avanzar”, me dice, en una frase que resume lo que escuché una y otra vez mientras leía el informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026, un documento que no es una medición estadística de todos los casos sino el retrato de experiencias recogidas en entrevistas y grupos focales.

Conseguir el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acceder a una terapia, retirar una prótesis o simplemente mantener un tratamiento en el tiempo puede transformarse en Córdoba en una carrera de obstáculos que se mide en meses. La Defensoría del Pueblo provincial lo describe con precisión administrativa y, a la vez, con una crudeza que atraviesa la vida cotidiana: hay familias que esperan, que pagan de su bolsillo, que reorganizan sus jornadas laborales y que, sobre todo, sienten que el tiempo corre en su contra.

Los plazos que describe el informe

• CUD en la Ciudad de Córdoba: juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, con esperas de dos a tres meses para conseguir turno.
• Prótesis y medicamentos: demoras de entre cuatro y nueve meses, según el caso.
• Ingreso a centros de rehabilitación: esperas de nueve a catorce meses.
• Dificultades adicionales para acceder a consultas con especialistas, lo que retrasa el inicio de los trámites.

“Los plazos que describimos ponen en juego la continuidad de los tratamientos y la economía de las familias. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que se repite en los distintos tipos de prestaciones”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

La escena vuelve a la mesa del comedor. María abre una hoja donde lleva anotados los números que ahora también aparecen en el informe: entre $150.000 y $180.000 por mes solo en sesiones particulares, durante casi dos años, mientras esperaba una respuesta del sistema. A ese gasto se suman los traslados y, en muchos casos, los apoyos escolares que tampoco llegan. El documento releva, además, que la carga de cuidados recae de manera desigual sobre las mujeres: varias madres relataron que redujeron su jornada laboral y vieron caer sus ingresos, una decisión que muchas veces se toma en silencio, sin que figure en ningún expediente.

El impacto no se detiene en las familias. El estudio también recoge lo que ocurre del otro lado: profesionales y prestadores con atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional aumentaron un 225% en promedio, frente a una inflación acumulada del 336%. El transporte, indispensable para llevar a una persona a su terapia, muestra otra brecha: la nafta súper subió 559% y el valor reconocido por kilómetro, apenas 231%. La Defensoría vincula ese desfasaje con instituciones que terminan ajustando gastos, reduciendo frecuencias o directamente dejando de sostener los servicios.

El informe no pretende cerrar el debate, pero sí instalar una advertencia que, como ciudadana y como periodista, me cuesta ignorar: cuando una prestación se demora más de un año, no hay família que pueda esperar sin consecuencias. María, mientras lava las tazas del desayuno, me dice algo que se parece mucho a lo que leyó la Defensoría: que la espera ya es parte del tratamiento. Y que nadie debería tener que pagarla dos veces.