El Banco Central le pone un candado más a las transferencias: qué cambia desde ahora y por qué las apuestas clandestinas quedaron en la mira
Desde septiembre, bancos y billeteras digitales reciben información pública del BCRA para armar perfiles de riesgo por usuario. La herramienta se apoya en el crecimiento explosivo de las transferencias inmediatas y apunta, sobre todo, a cortar el flujo de dinero hacia el juego ilegal.
Son las diez de la mañana y el teléfono de mi vecina Patricia suena con la notificación del banco: una transferencia de cien mil pesos acaba de salir de su cuenta. Detrás de ese mensaje, casi invisible para quien lo lee, trabaja desde hace unas semanas un sistema nuevo que el Banco Central puso a funcionar y que cambió, sin hacer ruido, la manera en que se miran las operaciones en la Argentina. Desde septiembre, cada vez que uno apoya el pulgar sobre la pantalla para mandar plata, hay una capa de información extra que cruza los datos de adentro de la billetera con los de afuera, y eso cambió las reglas del juego para todos.
La herramienta, vale decirlo, no reemplaza nada de lo que ya existía. Cada banco y cada fintech tiene sus propios modelos para detectar movimientos sospechosos y bloquearlos a tiempo. Lo que hizo el Banco Central fue abrir una canilla de información pública que antes no circulaba, y entregársela sin cargo a los administradores de transferencias inmediatas para que armen un perfil de riesgo por cada usuario. Una cuenta, vista solo desde adentro, puede parecer tranquila: entra y sale plata, los montos son razonables, no hay saltos raros. Pero cuando se la cruza con datos externos, el dibujo cambia, y aparecen patrones que antes quedaban tapados.
Tres momentos clave para mirar al cliente
- Cuando se da el alta de un usuario nuevo y la plataforma tiene que decidir con qué nivel de controles lo recibe.
- Durante el monitoreo de las transacciones que se hacen todos los días, segundo a segundo, sobre los millones de cuentas activas.
- En las revisiones periódicas que ya exigen las normas de conocimiento del cliente, las llamadas KYC, donde cada entidad debe chequear quién es quién y para qué mueve dinero.
El foco declarado por la normativa es claro: las cuentas que funcionan como puente hacia circuitos de apuestas clandestinas. Aunque el esquema es más amplio y cubre otras modalidades de fraude electrónico, lo cierto es que el juego ilegal viene creciendo en silencio, alimentado por transferencias chicas y fragmentadas que, sumadas, mueven volúmenes enormes sin que nadie las marque a tiempo. Con la nueva información, la idea es que esos flujos dejen de pasar inadvertidos.
Los números ayudan a entender por qué urge afinar la lupa. Solo en julio se hicieron 777 millones detransferencias inmediatas, por un total de 99,5 billones de pesos, con un salto del 22,2 por ciento frente al mismo mes del año anterior. Tres de cada cuatro operaciones se concretaron con Clave Virtual Uniforme, esa combinación de números que identifica al usuario y que es, en la práctica, la huella dactilar del mundo fintech. Cuando el caudal es ese, las herramientas artesanales se quedan cortas y hacen falta sistemas que aprendan solos.
Qué obliga la nueva regulación a bancos y billeteras
La Comunicación publicada en el Boletín Oficial el primero de septiembre les exige a las entidades financieras incorporar el fraude, tanto el que viene de adentro como el de afuera, a su gestión de riesgo operacional. En criollo: cada banco debe escribir políticas antifraude propias, fijar cuánto está dispuesto a tolerar y nombrar a un responsable con nombre y apellido de esa función. Además, el directorio tiene que recibir un informe sobre cómo se viene combatiendo el fraude al menos una vez por trimestre, lo que convierte al tema en asunto de mesa chica y no solo de operaciones.
Para las billeteras y demás proveedores de cuentas de pago el calendario es más amigable, porque saben que el cambio de fondo lleva tiempo. Entre septiembre y diciembre de este año tienen que definir estructuras y políticas; a lo largo de 2027 avanzarán con la documentación y los procesos internos, y la fecha límite para tener todo adaptado es septiembre de 2027, un horizonte que el propio regulador reconoció como razonable para no estrangular a un sector que, no hay que olvidarlo, es el que sostiene la mayor parte de las transferencias cotidianas de millones de argentinos.
Cuando Patricia guarda el teléfono después de confirmar su transferencia de las diez de la mañana, probablemente no lo sepa, pero esa operación suya, sumada a millones como la suya, es exactamente el tipo de movimiento que el nuevo sistema aprende a leer cada día. No para complicarle la vida a nadie, sino para detectar, en el medio de ese caudal enorme, a quienes se esconden detrás de cuentas pantalla, de identidades prestadas y de apuestas que no deberían existir. En un país donde casi todo se paga desde el celular, blindar cada transferencia dejó de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión de confianza colectiva, y eso, aunque suene grandilocuente, es lo que está en juego detrás de este cambio.
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