Mendoza puso en marcha un canal gratuito para que los sobreendeudados renegocien con sus acreedores

El Gobierno de Mendoza habilitó un procedimiento gratuito para que los consumidores con domicilio real en la provincia puedan sentarse a renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros compromisos financieros de consumo. La herramienta fue puesta en marcha a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente del área de Defensa del Consumidor, y apunta a familias que atraviesan una situación grave o inminente de insolvencia.

La iniciativa se inscribe en un contexto nacional donde el endeudamiento de los hogares viene mostrando un deterioro persistente. Vamos a los números: la referencia que tomó la normativa mendocina para definir una situación crítica es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. Ese umbral desciende al 25% cuando se trata de hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desocupados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales. La fuente de esos parámetros es el propio texto de la resolución que creó la OCDC.

Qué se puede renegociar y qué queda afuera

• Entran: préstamos personales, financiamiento de compras en cuotas, tarjetas de crédito y deudas contraídas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• No entran: obligaciones con garantía hipotecaria, deudas alimentarias, multas y sanciones penales, ni deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar.
• Capital máximo: el total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

El procedimiento contempla alternativas como la extensión de los plazos de pago, la concesión de períodos de espera, la eliminación de intereses punitorios y gastos por mora, y la posibilidad de plantear nuevos esquemas de cuotas. No obstante, cualquier modificación depende de un acuerdo entre el deudor y el acreedor, ya que la Provincia carece de facultades para imponer condiciones de manera unilateral. En otras palabras, la OCDC funciona como instancia de mediación, no como tribunal de quita compulsiva.

Comparado con julio del año pasado, cuando la problemática del sobreendeudamiento familiar se debatía en la Legislatura mendocina sin un instrumento operativo, el cuadro actual muestra un avance institucional concreto. La creación de la oficina permite que, por primera vez, un consumidor con múltiples acreencias pueda convocarlos en una misma mesa dentro del ámbito oficial. El trámite se inicia con la presentación de un detalle de acreedores, montos adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos, tras lo cual Defensa del Consumidor cita a los acreedores, que disponen de hasta 10 días hábiles para informar su posición.

Para quienes atraviesan una situación económica ajustada, la lectura es clara: existe un canal formal, gratuito y con reglas escritas para intentar ordenar el pasivo familiar. Para los acreedores, la señal es que Mendoza busca descomprimir conflictos antes de que escalen a la justicia. El dato que habrá que mirar el mes que viene es la cantidad de audiencias efectivamente convocadas por la OCDC y el porcentaje de acuerdos homologados, ya que esas cifras permitirán dimensionar si el mecanismo alcanza para encauzar los casos de sobreendeudamiento que hoy quedan fuera de cualquier registro oficial.