Elevan a juicio la causa contra M.J. (38) por cinco homicidios en Alto Comedero y prevén debate oral para 2027

La Justicia de Jujuy envió a juicio oral y público la causa seguida contra Matías Jurado (38), detenido el 1 de agosto de 2025 en el barrio Alto Comedero y señalado como autor de cinco homicidios consumados en su propia vivienda, según consta en el expediente.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Felisa Barrios, Roberto Assef y Ana Carolina Pérez Rojas recibirá la acusación formulada por la fiscal Daiana Susana Antar a principios de 2027, posiblemente en febrero o marzo. La funcionaria judicial imputa a J.J. el delito de “homicidio agravado”, en cinco hechos distintos, con víctimas en situación de vulnerabilidad social.

Las víctimas y la prueba genética

• Jorge Omar Anachuri (68), desaparecido el 26 de julio de 2025.
• Sergio Alejandro Sosa (25).
• Miguel Ángel Quispe (60).
• Juan José Ponce (51).
• Juan Carlos González (60).

Ninguno de los cuerpos fue hallado pese a los rastrillajes realizados con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense. De todas formas, el Ministerio Público sostiene que cuenta con evidencia suficiente para llevar el caso a debate.

La pesquisa se apoyó en 56 indicios secuestrados en el domicilio de J.J. por peritos de Criminalística de la Policía jujeña y de Gendarmería Nacional. Del relevamiento, 42 muestras —que incluyeron restos óseos, armas blancas, manchas parduscas reveladas con el reactivo Blue Star Forensic, una vaina servida y prendas de ropa— fueron derivadas al Laboratorio de Genética Forense del NOA, donde se cotejaron perfiles de ADN con los de personas denunciadas como desaparecidas.

La prueba más elocuente para la acusación, no obstante, es de carácter fílmico. Una cámara registró a J.J. subiendo a un remís junto a Anachuri, un día antes de su arresto. Esa filmación, sumada a los rastros genéticos, constituye el corazón de la teoría del caso de la fiscalía.

La estrategia de la defensa

La defensa oficial, ejercida por Roberto Savio y Juan Pablo Cametti, edificó su planteo sobre dos ejes. El primero es la inexistencia de restos que permitan establecer de manera directa la identidad de las víctimas y la mecánica de cada hecho. El segundo, los registros médicos de J.J. En 2016 fue internado en un hospital psiquiátrico y medicado con clonazepam y risperidona; en 2019 se le indicó un tratamiento que nunca cumplió; y en enero de 2020 un informe incorporó a su legajo que padecía “un cuadro psicótico, careciendo de conciencia de la enfermedad”, según consta en el expediente.

J.J. cumple prisión preventiva en el pabellón de máxima peligrosidad del Penal de Gorriti, donde asiste a talleres de lectoescritura: al momento de su detención apenas sabía firmar su nombre. Su derrotero previos —institutos de menores, cárceles y pobreza extrema— configura el contexto social descrito en la causa, de acuerdo con los informes incorporados por las partes.

La próxima instancia procesal será la audiencia de admisibilidad de pruebas y, luego, la celebración del debate oral y público ante el tribunal colegiado, cuya fecha se fijará en los primeros meses de 2027.