Apartaron preventivamente al juez García Maañón y avanza el jury con seis cargos formales
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió la separación preventiva del magistrado de San Isidro. La causa contempla acusaciones que van desde acoso sexual hasta uso indebido de recursos del Estado.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial, conforme consta en el expediente.
El origen de la denuncia
El proceso se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en esa cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. Acompañó la presentación con chats y audios como respaldo probatorio, según consta en el expediente.
A partir de esa denuncia se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, dando inicio formal al trámite del jury. Más tarde se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.
Los seis cargos formulados
- Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, en el marco de la denuncia inicial presentada por la funcionaria.
- Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados a través de descalificaciones y órdenes arbitrarias.
- Uso de recursos del Estado para beneficio personal, en aparente apartamiento de sus funciones como magistrado.
- Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
- Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
- Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.
El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso continúa con el análisis de los cargos y la valoración de la prueba producida por las partes, en el marco de la causa caratulada conforme a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal.
La próxima instancia procesal será la continuidad del trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde se evaluará la prueba reunida y se resolverá sobre la eventual destitución del magistrado.
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