En un movimiento que ha provocado una gran controversia, el gobierno ha tomado la decisión de trasladar a Alfredo Astiz y a otros 18 represores a una cárcel en Campo de Mayo. Este cambio ha sido justificado por las autoridades como una medida necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar de los prisioneros, pero ha generado una fuerte reacción entre aquellos que consideran que este es un paso atrás en la lucha por la justicia y la memoria.

El gobierno ha aclarado que el traslado no significa un cambio en la política de derechos humanos, pero la medida ha abierto un nuevo debate en la sociedad argentina. Algunos argumentan que es una injusticia permitir que los represores sean alojados en una instalación que fue el centro de tantos abusos y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Por otro lado, hay quienes sostienen que, independientemente de sus crímenes, estos individuos tienen derecho a un trato humano y a condiciones de detención adecuadas.

El debate se ha intensificado, y cada vez son más las voces que se suman a este tema de gran relevancia para la sociedad argentina. ¿Cómo se resolverá esta situación? Solo el tiempo dirá.